Cuando hablamos de transición energética nos referimos al cambio progresivo del actual modelo productivo hacia una economía sostenible que haga uso de energías renovables y medidas de eficiencia energética. El objetivo final de este proceso es la supresión de las fuentes de energía contaminantes y su sustitución por energías limpias y renovables.

Más allá de las importantes transformaciones tecnológicas y productivas que este proceso conlleva – que no son objeto de esta entrada – supone también importantes retos y grandes oportunidades en términos socioeconómicos y un fuerte impacto sobre el empleo. En este sentido, la transición energética tiene tanta importancia como la digitalización en los cambios que a corto plazo transformarán la economía, la sociedad y determinarán el futuro del empleo.

Transición energética y empleo

En el encuentro sobre La transición energética y el empleo, organizado por OIT en Madrid en septiembre de 2018, se presentó el informe Sostenibilidad medioambiental con empleo. Este informe analiza el impacto global que sobre el empleo tendría la puesta en marcha de medidas para reducir el calentamiento global mediante la implantación de energías renovables y un modelo de economía sostenible.

El informe concluye que la transición energética afectará a todos los sectores pero especialmente a los relacionados con la producción de energía y la emisión de contaminantes: sector energético, transporte, industria y construcción. Realiza una estimación de los puestos de trabajo que se perderán y de los que se crearán a medida que el mundo evolucione hacia una economía sostenible: hasta 2030 se crearán 24 millones de nuevos empleos en el ámbito de la economía verde que compensarán ampliamente la pérdida de 6 millones de empleos en otros sectores.

La mayoría de los sectores económicos registrarán creación de empleo y sólo 14 sectores experimentarán pérdidas de empleo, especialmente en dos muy ligados al modelo energético actual: extracción de petróleo y refinación del petróleo, con pérdidas de más de 1 millón de puestos de trabajo cada uno.

Pero no todos los empleos que se generen lo harán en el mismo lugar ni en el mismo momento que los que se pierdan, por lo que será necesario adoptar medidas políticas y sociales que faciliten una transición energética justa. Este término se recoge en el texto del Acuerdo de París de la Conferencia de Cambio Climático de 2015, para reconocer la necesidad de adoptar medidas públicas para proteger a las personas y sus empleos de los cambios productivos que introduzca la transición energética, que afectarán especialmente a determinados sectores y territorios.

Transición energética en España

En ese mismo encuentro la Ministra de Transición Ecológica avanzó que el Gobierno de España estaba elaborando una Estrategia de transición justa, aprobada posteriormente en el Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, que identificaría el impacto sobre el empleo, los nuevos perfiles profesionales asociados a la economía sostenible y las necesidades de formación asociadas a las nuevas competencias.

La Estrategia, que está actualmente sometida a participación pública, sigue las directrices de la OIT y las recomendaciones del Acuerdo de París para que la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible sea justa y optimice la creación de más y mejores empleos. La Estrategia identifica las áreas con mayores oportunidades de creación de empleo: rehabilitación de edificios, energías renovables y el desarrollo de combustibles alternativos como el biometano y el hidrógeno, la movilidad eléctrica…

Para facilitar este cambio de modelo energético y productivo contempla el impulso de planes de acompañamiento para la transición en la industria y otros sectores. Así mismo, en las zonas donde la transición energética pueda suponer dificultades para la actividad económica (comarcas mineras o con centrales energéticas contaminantes) se propone la firma de un Convenio de Transición Justa. Este convenio incluirá un plan de acción con proyectos integrales de desarrollo territorial para garantizar el empleo a medio y largo plazo y facilitar la transición hacia un nuevo escenario productivo.

La Estrategia destaca las oportunidades que representa esta transición para el mundo rural, que actualmente está amenazado por el abandono de sus explotaciones agrícolas y ganaderas con el consiguiente éxodo de su población hacia zonas urbanas. En este sentido, señala las oportunidades de creación de empleo rural en el sector de energías renovables utilizando productos agrarios (biomasa o biogás), la necesidad de elaborar una agenda de digitalización para el sector agroalimentario y el medio rural y el impulso de la Estrategia Española de Bioeconomía para generar actividad económica utilizando los recursos de origen biológico.

La Estrategia propone que la transición energética se integre en los Planes Anuales de Política de Empleo, prestando especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres o la mejora de los servicios de empleo en territorios vulnerables.

Cómo puede ayudar la formación

La transición hacia un modelo productivo basado en energías renovables supondrá una transformación, y mayor demanda, de determinados perfiles profesionales a los que el sistema educativo y la formación para el empleo deben dar una respuesta clara. Los sectores relacionados con el nuevo modelo energético se sitúan como importantes nichos de creación de empleo, pero su crecimiento requiere que haya una oferta de mano de obra con las cualificaciones adecuadas.

La Estrategia incluye medidas para revisar los currículos de todos los niveles de enseñanza (primaria, secundaria, formación profesional y la enseñanza superior) incluyendo contenidos sobre la transición energética y otros vinculados con ella, como la digitalización. También contempla la promoción de la formación profesional dual entre empresas de sectores verdes y jóvenes en formación.

Por último, propone impulsar la formación para el empleo en los sectores productivos de la llamada economía verde y circular y fomentar la recualificación de los trabajadores de sectores vulnerables o en reconversión. También propone que, a partir de ahora, se incluyan cláusulas de formación para la transición energética en los convenios sectoriales firmados por los representantes de las empresas y sindicatos.