La igualdad de oportunidades se puede medir, y mejorar, año tras año hasta alcanzar el grado de paridad que se persigue desde hace décadas. En España desde los años ochenta, cuando se pusieron en marcha instituciones – como el Instituto de la Mujer – para corregir la desigualdad entre hombres y mujeres, son palpables los avances en la materia.
Se han creado gran variedad de indicadores y elaborado importantes estudios que nos permiten valorar los resultados en el grado de equidad de ambos géneros en las distintas esferas, también en relación a la formación para el empleo. Vamos a realizar un repaso por alguno de ellos.
El informe Global Gender Gap Report 2020 del Foro Económico Mundial indica que, al ritmo actual, la paridad real no se alcanzará hasta dentro de un siglo y que, si bien el índice de paridad ha aumentado hasta el 68,6%, todavía hay una importante brecha de género por cerrar en los 153 países analizados. En España se ha producido un importante avance en los últimos años hasta situarse en el octavo puesto en paridad de género (79,5%), debido principalmente al aumento de la participación de la mujer en diferentes esferas, especialmente en la política, y a la reducción de las desigualdades salariales.
El papel de los formadores en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje resulta relevante. Bien como transmisores de conocimientos, desde una mirada más tradicional, bien como facilitadores de aprendizajes que ponen a disposición de los participantes en la formación, a través de medios tecnológicos y redes sociales, los recursos para acceder a la información relevante y las actividades necesarias para generar competencias.
De los recursos intangibles que inciden en la productividad de las empresas el capital humano es probablemente el que lo hace más directa y eficientemente. La capitalización humana es más estable que la tecnológica, más gratificante que la organizativa y menos vulnerable que la imagen o la marca e induce la internacionalización, la innovación y la mayor dimensión de las empresas. Cabe preguntarse, entonces, qué pueden hacer los Estados y las instituciones comunes de Europa para dar un impulso coordinado a algo que con tanta evidencia se perfila como factor determinante del crecimiento económico y del bienestar.
