La transformación digital, junto con la transición ecológica, se configuran como protagonistas de la reconversión y la modernización de la economía y el sistema productivo español en los próximos años. El pasado 11 de enero el Gobierno presentó tres planes que desarrollan la agenda España Digital 2025, la hoja de ruta para la transformación digital de nuestro país: el Plan Nacional de Competencias Digitales, el Plan de Digitalización de Pymes y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas. El objetivo de los planes presentados, en palabras del Presidente del Gobierno, es reforzar la digitalización para aumentar la productividad y el crecimiento económico, impulsar la creación de empleo de calidad y conquistar los mercados exteriores.
De los 11.000 millones de euros que movilizan estos planes, el de competencias digitales destina un total de 3.750 millones para que los ciudadanos adquieran un nivel de capacitación digital que permita afrontar con éxito el proceso de digitalización.
El Plan de Digitalización de Pymes, con una inversión pública de 4.656 millones de euros, tiene como objetivo acelerar la digitalización de 1,5 millones de pequeñas y medianas empresas, el 99% del total de empresas españolas. Junto a medidas destinadas a impulsar la digitalización básica de la pyme o fomentar el emprendimiento digital de estas empresas conviven otras orientadas a promover la formación en competencias digitales de empresarios y expertos en la transformación digital de las pymes.
El Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, con una financiación de 2.600 millones de euros, pretende transformar digitalmente la Administración desplegando servicios públicos eficientes, seguros y fáciles de utilizar y generalizar el acceso de los ciudadanos a estos servicios públicos digitales.
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Una de las consecuencias más importantes de la digitalización es la transformación de nuestra forma de aprender y de formarnos. Los elementos necesarios para poner en marcha una acción formativa (los profesores, las aulas, los materiales didácticos, etc.) han cambiado en una nueva era de ultraconectividad.
Las Administraciones Públicas, con la participación de los agentes sociales a través del diálogo social, tienen la obligación de impulsar la formación en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital en todos los sectores, para conseguir que el nuestro sea una sistema productivo de calidad y competitivo en un mercado globalizado. Las habilidades y competencias de los trabajadores ocupados no solo resultan esenciales para el mantenimiento del empleo y la promoción profesional, sino que también son necesarias para abordar los procesos de internacionalización y adaptación tecnológica que precisan las empresas españolas.
El nuevo contexto que vivimos pone de relevancia, más que nunca, la necesidad de adaptación del ser humano a nuevas realidades. En un mundo cambiante, propiciado por el avance de la tecnología, si no nos esforzamos por ser camaleónicos, es fácil quedarse atrás.
