Llevamos ya casi una década debatiendo, compartiendo, prototipando planes de transformación digital y redactando marcos de competencias digitales para la educación, los docentes, las empresas, los trabajadores de este y aquel sector y, más recientemente, para las administraciones públicas. Pero, parece no quedar claro aún que las administraciones públicas, como cualquier otro sector, están formadas por personas y que son solo esas personas las que lograrán, siendo digitalmente competentes, convertir a las instituciones, los organismos y las administraciones públicas en organizaciones digitalmente competentes.
Por tanto, para que una institución pública pueda llegar algún día a considerarse una organización digitalmente competente ha de trabajar, coordinadamente y en colaboración con sus integrantes, con el objetivo de que estos adquieran y desarrollen de manera continua esas competencias digitales que necesitan para hacer un trabajo más acorde a la realidad de la ciudadanía a la que sirven. Estamos, por tanto, hablando de un enfoque horizontal, aunque pueda y deba tener un impulso vertical inicial.
Las iniciativas de estas características no pueden ser iniciativas aisladas. De poco servirá a la sociedad, que debería ser la beneficiaria última de la mejora de las competencias digitales en las administraciones públicas, que cada administración siga sus propias pautas y pensamientos individuales a la hora de poner en marcha proyectos para la adquisición y la mejora de esas competencias. Estas iniciativas digitales, además, conllevan gastos innecesarios cuando en lo que se debería pensar es en inversión.
Pensemos pues, en primer lugar, en si somos trabajadores digitalmente competentes para poder después transferir esas competencias a las administraciones públicas en las que estemos ejerciendo funciones.
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La transformación digital, junto con la 
