Fundae ha publicado la Evaluación de las iniciativas de formación programada por las empresas y permisos individuales de formación (PIF) de los ejercicios 2017 y 2018, realizada en 2020 por el Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo, I3E.
La evaluación analiza en qué medida las iniciativas contempladas contribuyen a alcanzar los fines del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, así como cuál es su grado de eficiencia económica. Para ello, metodológicamente ha utilizado un enfoque explicativo, para analizar las causas y realizar propuestas de actuación, y participativo, a través de un sistema de indicadores ad hoc y la aplicación de un conjunto de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas diseñados al efecto.
Formación en las empresas
En la formación programada las empresas otorgan una valoración media de 6,6 sobre 10 a la contribución de la formación a la competitividad empresarial, (7,8 en las empresas de mayor tamaño), aunque la valoración varía en función de los objetivos que se tengan en cuenta. Así, la contribución de la formación a la adaptación a una normativa legal o la mejora de la productividad de los empleados son altamente valoradas (8,2 y 7,58, respectivamente), mientras que consideran que apenas tiene incidencia en la internacionalización de la empresa (3,82) o en la mejora de resultados económicos (5,76). En relación con la contribución de la formación a la reducción de la brecha digital, las empresas valoran ésta con un 6,7 sobre 10 y puntúan con un 6,01 la contribución a la digitalización de los procesos de gestión.
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Las Administraciones Públicas, con la participación de los agentes sociales a través del diálogo social, tienen la obligación de impulsar la formación en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital en todos los sectores, para conseguir que el nuestro sea una sistema productivo de calidad y competitivo en un mercado globalizado. Las habilidades y competencias de los trabajadores ocupados no solo resultan esenciales para el mantenimiento del empleo y la promoción profesional, sino que también son necesarias para abordar los procesos de internacionalización y adaptación tecnológica que precisan las empresas españolas.
