Fundae ha publicado la Evaluación de las iniciativas de formación programada por las empresas y permisos individuales de formación (PIF) de los ejercicios 2017 y 2018, realizada en 2020 por el Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo, I3E.

La evaluación analiza en qué medida las iniciativas contempladas contribuyen a alcanzar los fines del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, así como cuál es su grado de eficiencia económica. Para ello, metodológicamente ha utilizado un enfoque explicativo, para analizar las causas y realizar propuestas de actuación, y participativo, a través de un sistema de indicadores ad hoc y la aplicación de un conjunto de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas diseñados al efecto.

Formación en las empresas

En la formación programada las empresas otorgan una valoración media de 6,6 sobre 10 a la contribución de la formación a la competitividad empresarial, (7,8 en las empresas de mayor tamaño), aunque la valoración varía en función de los objetivos que se tengan en cuenta. Así, la contribución de la formación a la adaptación a una normativa legal o la mejora de la productividad de los empleados son altamente valoradas (8,2 y 7,58, respectivamente), mientras que consideran que apenas tiene incidencia en la internacionalización de la empresa (3,82) o en la mejora de resultados económicos (5,76). En relación con la contribución de la formación a la reducción de la brecha digital, las empresas valoran ésta con un 6,7 sobre 10 y puntúan con un 6,01 la contribución a la digitalización de los procesos de gestión.

Asimismo, el grado de ajuste de la formación a las necesidades de las empresas es elevado: un 84,11% declara que se realiza una formación específica, directamente relacionada con su actividad, y un 81,31% afirma que responde a las prioridades establecidas en su sector.

En cuanto a los efectos de la formación sobre los trabajadores, éstos valoran muy positivamente la contribución a su desarrollo personal y profesional, como se observa a continuación.

Más de la mitad de los trabajadores encuestados indica que la formación contribuye a la mejora de su empleabilidad, ya que les sirve para adaptarse a nuevos puestos o tareas y mantener su empleo.

Sin embargo, se observa que no existe equidad en el acceso según el tamaño de las mismas. Esto se refleja fundamentalmente en la disminución relativa del número de micropymes (de 1 a 9 trabajadores) que se ha producido en estos últimos años, frente al aumento en la participación que se produce en el resto de los tamaños de empresa.

Relacionado con este fenómeno, se constata en términos relativos una caída de los participantes de las empresas de menos de 50 trabajadores (que se viene produciendo desde 2011), centrada principalmente en las micropymes de 1 a 9 trabajadores (112.680 participantes menos desde 2013 a 2018), mientras que se observa un aumento en la participación de trabajadores del resto de tamaños de empresa, fundamentalmente de las de más de 250 trabajadores, en términos absolutos.

Permisos individuales de formación

En cuanto a la iniciativa de los permisos individuales de formación (PIF), prácticamente la totalidad de los participantes declara que son una herramienta eficaz para su desarrollo personal y ocho de cada diez afirman que ha ampliado sus redes y contactos profesionales. Asimismo, esta iniciativa tiene una influencia positiva en otros aspectos del ámbito laboral, como se refleja a continuación.

Conclusiones

Una de las principales conclusiones de la evaluación pone el foco en la necesidad de actualizar el marco normativo, que quedó pendiente tras la publicación de la Ley 30/2015 y el Real Decreto 694/2017 sobre formación profesional para el empleo, lo que ha producido cierta ambigüedad e indefinición en las iniciativas. Concretamente, en relación con los PIF, se ve necesario redefinirlos de modo que puedan desarrollar todo su potencial. Asimismo, aspectos como la teleformación en la formación programada deben estar mucho más definidos y especificados.

En definitiva, es el momento de desarrollar un nuevo marco legislativo que favorezca el acceso de la pyme y que permita seguir avanzando en: la adaptación de las empresas y trabajadores a las exigencias del mercado de trabajo; la mejora de la competitividad empresarial a través de la cualificación de los trabajadores, especialmente los más vulnerables; y en el proceso de digitalización, intentando reducir la brecha digital. Todo ello utilizando eficientemente los fondos asignados a las iniciativas.