Desde el sistema de formación profesional para el empleo (FPE) se ha observado en los últimos años un aumento exponencial en la impartición de formación en la modalidad de teleformación. Es consecuencia, por una parte, de la incorporación en la empresa de tecnologías de la información y la comunicación de manera cada vez más intensiva y, por otra, de la eliminación de la modalidad a distancia tradicional en el sistema de FPE tras la aprobación de la Ley 30/2015. De hecho, de 2015 a 2018, el número de acciones formativas impartidas en modalidad online aumentó en un 132% y el número de participantes en esta modalidad en un 77%.

En este contexto, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo promovió a principios de 2019 la realización de una evaluación de la calidad de las acciones formativas impartidas en la modalidad de teleformación (ver Informe de evaluación) en el marco de la iniciativa de formación programada por las empresas (ejercicios 2017 y 2018).

Dicha evaluación, adjudicada a la empresa Possible, utiliza información procedente de las bases de datos corporativas y del trabajo de campo, tanto cuantitativo como cualitativo, en el que han intervenido participantes en las acciones, tutores y formadores junto a empresas que programan la formación y expertos relevantes en formación online. La evaluación ha dado respuesta a los objetivos planteados por la Fundación dirigidos a evaluar la calidad desde diferentes perspectivas, tanto tecnológica como didáctica y de aprendizaje, complementados por un análisis de la adecuación del modelo de costes.

En el ámbito tecnológico, los resultados de la evaluación indican que las empresas emplean de forma mayoritaria plataformas de formación gestionadas por entidades externas, principalmente Moodle, con una utilización generalizada de recursos multimedia, especialmente videos. Los recursos basados en tecnologías inmersivas (simuladores 2D y 3D, realidad aumentada o virtual) actualmente están circunscritos a nichos profesionales muy especializados como consecuencia de la inmadurez tecnológica y los costes de desarrollo.

Así mismo, se concluye que las acciones de teleformación de esta iniciativa se realizan, en gran medida, para cubrir los requisitos de carácter legal en la certificación de los empleados y para dar cobertura a necesidades formativas transversales con un bajo nivel de especialización.

Este espectro de acciones formativas podría ampliarse abriendo la posibilidad de fomentar la colaboración público-privada a través de inversiones sectoriales en redes de empresas para elaborar desarrollos avanzados de proyectos de formación online. También es importante, a su vez, ampliar los esfuerzos en la detección de necesidades sectoriales y en la orientación en formación a pequeñas y medianas empresas.

En esta misma línea, se propone la posibilidad de desarrollar una plataforma abierta de formación para la empresa, de titularidad pública y gestión mixta. Permitiría disponer de acciones y recursos formativos de carácter técnico y sectorial y, al mismo tiempo, serviría de canal abierto y eficiente para el desarrollo de cursos básicos y transversale, dirigidos a la obtención de certificaciones profesionales o acciones con regulación de carácter general.

Esto supondría un ahorro de costes en el desarrollo de contenidos por parte de las empresas que podría incidir en que estas invirtiesen más en formación específica, a la vez que facilitaría el acceso a la formación a las pymes.

La implicación de los trabajadores, o engagement, en los procesos de teleformación es otro de los aspectos analizados. Los resultados muestran que se ve favorecida por la presencia activa de docentes o tutores, el uso de metodologías prácticas, la introducción de actividades interactivas con mecánicas de gamificación. Así mismo, habría que añadir a éstas, dada la atomización encontrada en esta modalidad (en torno a uno o dos participantes por grupo), el uso de software de trabajo colaborativo, incluyendo redes sociales y corporativas, para superar la escasa comunicación grupal existente en las plataformas.

Estos elementos deberían formar parte de un proceso de evaluación continua que superase las tan extendidas pruebas de corrección automática. De hecho, se aprecia la necesidad de ampliar el concepto de financiación y no limitarla exclusivamente a la participación en acciones, sino extenderla por una parte, al acceso, fundamentalmente en el microelearning y, por otra, a los costes de diseño,  producción e impartición de formación más específica.

Se han constatado barreras de acceso a la formación online en colectivos que no interactúan con ordenadores, si bien se evidencia la adecuación de los entornos virtuales a los dispositivos móviles, ya que en torno a un 40% de participantes los utilizan, especialmente trabajadores con bajos niveles de cualificación, por lo que habría que favorecer una formación omnicanal para facilitar el acceso.

Se puede concluir que esta evaluación de la formación online deja una serie de líneas sobre las que reflexionar para poder trazar un futuro cada vez más accesible con formación omnicanal y basada en microelearning, el vídeo, la gamificación y las redes sociales. Además, plantea la posibilidad de desarrollar una plataforma pública de formación con contenidos transversales y básicos sectoriales, accesible y orientada a la pequeña y mediana empresa junto con la posibilidad de establecer un modelo de financiación que prime el desarrollo de formación específica sectorial por parte de las empresas, todo ello resultado de la colaboración público-privada.