Para el año 2016 el presupuesto para la financiación pública de la formación profesional para el empleo es de 2.203,3 millones de euros. En este post explicamos cómo se constituye este presupuesto y cómo se distribuye entre las diferentes iniciativas de formación. Aunque no es objeto de este post, a esta cantidad habría que sumar la aportación privada que realizarán las empresas para financiar la formación que programen, incluyendo los costes salariales de los trabajadores durante el tiempo que dedican a la formación; esta cantidad se ha elevado a 680 millones en 2015.
Origen de los fondos del sistema de formación para el empleo
En la nueva Ley 30/2015, que regula el sistema de formación profesional para el empleo, se indica que los fondos para el sistema de formación para el empleo proceden de la cuota de formación profesional, de las aportaciones del Estado y las comunidades autónomas, del Fondo Social Europeo y de cuantas cotizaciones puedan establecerse para distintos colectivos.
La cuota de formación profesional es aquella que pagan las empresas y los trabajadores y recauda la Seguridad Social por dicho concepto. Supone una aportación del 0,70 por ciento de la cotización por contingencias comunes, siendo el 0,60 por ciento a cargo de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador (la cotización por formación profesional en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios es el 0,18 por ciento, del que el 0,15 por ciento será a cargo de la empresa, y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador). Esta aportación aparece reflejada en las nóminas de los trabajadores.
La cuota de formación profesional supone el 86% del total de los ingresos para financiar las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo (1.904 millones de euros).
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 establece cual es el destino de los fondos provenientes de la cuota, sin perjuicio de otras fuentes de financiación. Estos fondos sirven para financiar el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, incluyendo los programas públicos de empleo y formación, con el objeto de impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que responda a las necesidades del mercado laboral y contribuya al desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
La aportación del Estado tiene como objetivo dar cobertura a la formación de colectivos que no cotizan por formación profesional (entre otros a los trabajadores de la administración pública). El Fondo Social Europeo atiende algunas de las medidas contempladas en la planificación estatal coherentes con la estrategia europea.
Cómo se distribuyen estos fondos en 2016
Un presupuesto de 1.019,4 millones de euros se destina a la formación de los trabajadores desempleados y a la formación impartida con carácter extraordinario a través de la red pública de centros de formación. Incluye el 50 por ciento de la cuota de formación profesional y de los fondos previstos para esta finalidad. Es gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y las comunidades autónomas, según sus ámbitos de competencia. Se destina fundamentalmente a:
- Iniciativas de gestión estatal, autonómica y Ceuta y Melilla (721 millones de euros).
- Los programas públicos de empleo formación (261,3 millones).
- La formación teórica del contrato para la formación y el aprendizaje, de conformidad con lo establecido en la normativa que regula la impartición y las características de la formación recibida por los trabajadores (15 millones).
- Flexibilidad: formación y recualificación (22 millones).
A la formación de los trabajadores ocupados se destina un presupuesto global de 1.132,9 millones de euros que incluye el 50 por ciento restante de la cuota de formación profesional y otros ingresos por mayor recaudación de cuota y aportación del Estado. Financia las siguientes iniciativas y conceptos:
- Gestionado por el SEPE, las comunidades autónomas o el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), según sus ámbitos de competencia:
- Formación del personal de las administraciones públicas, gestionada por el INAP (55 millones).
- Oferta formativa autonómica y de Ceuta y Melilla (114,8 millones).
- Gestionado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal:
- Formación programada por las empresas y permisos individuales de formación (610 millones).
- Oferta formativa estatal para trabajadores ocupados, que incluye también programas específicos para la mejora de la empleabilidad de colectivos como el de jóvenes. En esta iniciativa pueden participar también trabajadores desempleados en función del límite que se establezca según la coyuntura del mercado laboral (322 millones).
- Gastos de funcionamiento e inversión de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (31 millones).
La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo gestionará en 2016 el 43,6% del presupuesto destinado al conjunto del sistema de formación profesional para el empleo (incluidos sus gastos de funcionamiento e inversión).
Las comunidades autónomas con competencias estatutariamente asumidas en materia de políticas activas de empleo recibirán del Servicio Público de Empleo Estatal las transferencias de fondos para la financiación de las subvenciones en el ámbito de la formación profesional para el empleo gestionadas por dichas Comunidades, en la cuantía que resulte de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable (50,96 millones).
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, órgano del Sistema Nacional de Empleo, es la encargada de acordar la distribución de los presupuestos por comunidades autónomas para el desarrollo de las políticas activas en los respectivos territorios.
Por otra parte, el SEPE destina ayudas a la recualificación profesional de las personas que han agotado la prestación por desempleo, el denominado Plan Prepara, con una cuantía que asciende a 219 millones y cuyos fondos no proceden de la cuota de formación profesional. El resto del presupuesto de gastos del SEPE se destina a otras políticas, medidas, programas y prestaciones que dicho organismo gestiona junto con las comunidades autónomas y otros organismos competentes, alcanzando en su totalidad 25,2 millones de euros.
Igualmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado prevé la financiación de acciones dirigidas a la formación de los agentes sociales para el desarrollo de las nuevas funciones que le atribuye la Ley 30/2015.
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