La digitalización está cambiando la forma en que vivimos y nos comunicamos, la naturaleza del trabajo e incluso el mercado laboral. La digitalización afecta, de manera imparable al empleo; en España, en un tiempo relativamente corto, según la OCDE podría afectar a un 25% de los puestos de trabajo, que se verían transformados, y a un 10% que estarían en peligro de desaparecer.
La formación en competencias digitales es un elemento fundamental para que los trabajadores adquieran las competencias y habilidades que la nueva economía les demanda. Las competencias digitales son, además, un factor clave para el desarrollo socioeconómico y la empleabilidad y esenciales para que ciudadanos y trabajadores puedan participar en la sociedad digital. En este sentido, desde el Gobierno se apuesta por fomentar la formación continua de los trabajadores para facilitar su adaptación al nuevo entorno digital.
El pasado 26 de mayo de 2018 se publicó la convocatoria de ayudas para la formación de trabajadores ocupados en competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, cuyo plazo de presentación de solicitudes ha concluido recientemente. A continuación se muestran los datos más significativos de la convocatoria, realizada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y gestionada por Fundae, extraídos de las solicitudes presentadas.
Principales resultados de la fase de solicitud
La convocatoria está dotada con un presupuesto de 50.417.862,24 € destinados a financiar la impartición de tres tipos de acciones formativas:
- Adquisición de competencias tecnológicas o digitales transversales a los distintos sectores productivos
- Adquisición de competencias tecnológicas o digitales específicas de cada sector productivo.
- Competencias profesionales en los sectores base para el desarrollo tecnológico (empresas operadoras de telecomunicaciones, consultorías e ingenierías).
Finalizado el período de solicitud el pasado 6 de julio se han presentado 553 solicitudes, para formar a 532.308 participantes; la financiación solicitada es de 164 millones de euros, más del triple de lo presupuestado. El 77 % de las solicitudes corresponde a programas Sectoriales, el 17 % a programas Transversales, y el 5 % restante a programas de Sectores Base.
Los ámbitos sectoriales en los que se han presentado mayor número de programas y se ha solicitado mayor ayuda son: Comercio y marketing, Administración y gestión, Hostelería y turismo, Servicios a las empresas y Educación. De hecho la financiación solicitada en los programas sectoriales de Comercio y marketing (23,5 millones) supone un 14 % de la ayuda solicitada en el conjunto de la convocatoria. Sin embargo, hay cinco ámbitos sectoriales en los que se ha solicitado una financiación menor de la asignada: Construcción e industrias extractivas, Sanidad, Pesca, Agricultura y ganadería y Marítima y actividades portuarias.
Por lo que respecta a los solicitantes han presentado solicitudes 461 entidades de formación. El 43,2 % de las solicitudes están realizadas por una agrupación de entidades (varias entidades que presentan un programa de formación) y el 56,8 % lo son por una única entidad de formación. La media de entidades que participan en la solicitud de programas agrupados se cifra en 5.
El total de acciones formativas solicitadas ha sido de 5.688, de las que el 53% son de nivel de competencia avanzada y el 47% restante de nivel básico. 5.539 (97,4 %) son especialidades no vinculadas a certificados de profesionalidad y 149 (2,6 %) a certificados de profesionalidad.
En cuanto a la modalidad de impartición, la teleformación es predominante ya que supone el 60,7 % de las acciones formativas, concentra el 69 % de la financiación solicitada y el 78,3 % de los participantes. La modalidad presencial reúne el 21,3 % de los participantes y la mixta (presencial y teleformación) solo el 0,4 %.
La duración media es de 53,7 horas de formación por participante en las acciones no vinculadas a certificados de profesionalidad y 409,3 horas en las vinculadas.
La transición hacia una economía más sostenible en los diferentes sectores productivos crea la necesidad de contar con nuevos perfiles de competencias, lo que comporta ajustar la oferta de formación existente y las cualificaciones actuales. En este sentido se orienta el proyecto destinado al sector de la construcción 
