En España más del sesenta por ciento de la población activa no cuenta con una certificación oficial de sus competencias profesionales, según recoge el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). Esto representa un grave problema al que los gobiernos nacionales tratan de responder mediante la adopción de sistemas para reconocer todas las competencias de cada persona, se hayan adquirido a través de la experiencia profesional o del aprendizaje no formal e informal.
La propia Unión Europea ha destacado la importancia de desarrollar sistemas nacionales de validación[1] del aprendizaje no formal e informal. La necesidad de impulsar estos sistemas ya estaba presente en la Declaración de Copenhague de noviembre de 2002, que puso en marcha la estrategia europea para reforzar la cooperación en educación y formación profesional. Esta posición fue reafirmada por el Comunicado de Brujas de diciembre de 2010, en el que los ministros europeos de educación y formación profesional declararon que los países europeos debían establecer procedimientos nacionales para el reconocimiento y la validación del aprendizaje no formal e informal y fomentar su utilización. También la Recomendación sobre la validación del aprendizaje del Consejo de la UE, de diciembre de 2012, destaca el importante papel que el reconocimiento y acreditación de las competencias adquiridas desempeña en la mejora de las posibilidades de empleo y movilidad y en incrementar la motivación por el aprendizaje permanente. Además, el Consejo recomienda a los estados miembros implantar sistemas de validación no más tarde de 2018. Sigue leyendo
